Coaliciones internacionales

Consciente de que no es fácil que una sola organización pueda lograr grandes cambios, el JRS colabora con otros grupos que comparten sus objetivos ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional. Aunque la mayoría de las veces la cooperación tiene lugar a nivel de proyecto y de una forma muy concreta, algunos de estos temas tienen que manejarse en el ámbito internacional y de una forma estructurada. Por esta razón, el JRS Internacional es miembro, y en algunos casos también fundador, de cuatro coaliciones internacionales: la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona, la Coalición contra la Munición en Racimo, la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados.


  • Detención
  • Minas antipersona / bombas de racimo
Detención

Cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos detienen a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes cuando estos tratan de entrar en el país y mientras esperan la decisión final sobre su solicitud de asilo u otra demanda de permanencia.

En todo el mundo, hay cientos de miles de personas en situación de detención administrativa. Muchos están en campamentos cerrados en condiciones que no reunen los requisitos establecidos por las normas internacionales. Y se imponen restricciones al asilo a personas que necesitan protección de graves abusos a los derechos humanos.

Hombres, mujeres y niños, ancianos y discapacitados – la gran mayoría de los cuales no han cometido ningún crimen – permanecen contra su voluntad en centros de expulsión, centros de detención de inmigrantes, cárceles, penitenciarias, comisarías, aeropuertos, hoteles, barcos y contenedores…  pendientes de que se decidan sus casos o de que se les expulse del país. Una espera que puede prolongarse durante meses o años, a menudo en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Muchos gobiernos en todo el mundo, en cuyos países hay una gran población refugiada, con frecuencia imponen importantes límites al movimiento de los refugiados residentes.

Coste de la detención

Aparte de sus extremadamente negativos costes humanos (psicológicos, físicos y sociales), en términos económicos la detención es muy cara. Las alternativas a la detención salen mucho más a cuenta.

Con respecto a los refugiados en campamentos, mantenerlos en espacios cerrados tiene implicaciones económicas tanto para los refugiados como para las comunidades de acogida, ya que los primeros podrían ser autosuficientes y colaborar en las economías locales. Los refugiados a quienes se ha despojado de sus capacidades por las implacables políticas de ‘acuartelamiento` pierden su capacidad económica a expensas de su actual y futuro potencial humano. Este coste termina siendo una carga para el país de asilo si los refugiados no pueden regresar a sus hogares ni reasentarse en una tercera nación. Los años de ocio forzoso también socavan su capacidad de reintegrarse con éxito en sus lugares de procedencia, cuando las condiciones mejoran o cuando tratan de acomodarse en los países de reasentamiento.

Recomendaciones

De acuerdo con la ley internacional, los gobiernos tienen el derecho a proteger su soberanía nacional. Sin embargo, la ley internacional protege también el derecho a buscar asilo. Además, las leyes internacionales protegen contra la detención arbitraria e ilegal.

A los gobiernos:

  • No recurrir nunca a la amenaza de la detención para disuadir a quienes huyen de los abusos contra los derechos humanos de buscar asilo.
  • Evitar el uso de la detención y buscar alternativas a la misma, por ejemplo, libertad vigilada, centros abiertos, etc.
  • Cuando sea absolutamente necesario, y cuando todas las demás alternativas se hayan agotado, garantizar que la detención se utilice sólo para la identificación y para propósitos legítimos de expulsión, que esté bajo la supervisión judicial y que no exceda de un límite de tiempo razonable;
  • No detener a personas por el simple hecho de solicitar asilo – en particular a personas vulnerables como niños, supervivientes de torturas y traumas, mujeres embarazadas, los enfermos físicos y los mentales.
  • Permitir el acceso a los centros de detención a las organizaciones de la sociedad civil, representantes legales, representantes de instituciones religiosas, así como a amigos y familiares de los detenidos.
  • Firmar y observar el Protocolo Opcional de la Convención Contra la Tortura, que establece las visitas regulares y el seguimiento de los centros de detención.
  • Ofrecer condiciones de detención que cumplan con las normas básicas de derechos humanos, incluyendo el acceso a un abogado, la atención sanitaria, la educación y comida y agua adecuadas.
  • En particular a los países industrializados: ofrecer ayuda adicional al desarrollo para los refugiados o para las áreas que acogen a refugiados en los países en desarrollo, alentando a los gobiernos de acogida a permitir más libertad de movimiento para los refugiados.
  • En particular a los gobiernos de países en desarrollo: cambiar las políticas de campamentos para los refugiados por políticas que les permitan ser autosuficientes.

A las agencias humanitarias:

  • Unirse a la Coalición sobre la Detención de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes creada por las principales organizaciones que trabajan para los refugiados y los derechos humanos (www.idcoalition.org) y unirse a su trabajo de advocacy;
  • Acceder a los centros de detención para ofrecer atención y servicios a los detenidos;
  • Alertar al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria de los abusos específicos que encuentren o de los que tengan conocimiento.

Al público en general:

  • Conocer cuál es la política de su gobierno en cuanto a detención;
  • Si la detención se utiliza en su país como medio de disuasión contra los solicitantes de asilo y refugiados, sensibilizar de sus efectos en los detenidos y apremiar a sus representantes políticos a que garanticen el respeto a los derechos humanos;
  • Establecer grupos en su área para visitar a los detenidos;
  • Visitar la página web mencionada de la coalición internacional y apoyar su trabajo.
Minas antipersona / bombas de racimo

Hasta los años 90, de una u otra forma, las minas antipersona habían sido utilizadas por casi todas las fuerzas armadas del mundo. Gracias al Tratado para la Prohibición de Minas de 1997, el uso de estos dispositivos cayó en picado. Aunque hoy, esta arma apenas la utilizan en un puñado de conflictos, sigue suponiendo una importante amenaza a largo plazo.

El JRS ayudó a crear la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés) en 1994, para acompañar a los heridos por las minas, ayudar a sus supervivientes a contar sus historias, promover reflexiones éticas sólidas, y apoyar a las campañas nacionales. La concesión en 1997 del Premio Nobel de la Paz a la Campaña dio fuerzas al infatigable equipo del JRS que participó en la campaña. Tun Chunnareth, víctima de una mina antipersona, que ha trabajado durante años con el JRS Camboya, ha sido un prominente portavoz de la Campaña para la Prohibición de Minas Antipersona y fue quien, en Oslo, aceptó en 1997 el Premio Nobel de la Paz en nombre de la campaña. El JRS sigue presionando a otros países para que firmen y ratifiquen el Tratado de Prohibición.

El JRS facilita información al 'Landmine Monitor' de la ICBL, un estudio anual en profundidad sobre el estado del uso, producción y destrucción de minas antipersona, que, a modo de informe de control, hace el seguimiento de los compromisos de los estados en cuanto al Tratado para la Prohibición de Minas (Convención de Ottawa de 1997). El JRS ha desempeñado un papel líder en la campaña y ha colaborado en las investigaciones en Camboya, Tailandia e Indonesia para el 'Landmine Monitor'. Además, el JRS sigue apoyando a los supervivientes de las minas en Bosnia, Camboya, Tailandia y Kosovo, y trabaja activamente en la sensibilización sobre el tema en estos y otros países afectados por las minas.

Tras la firma del tratado para la prohibición de minas antipersona, los grupos de la sociedad civil, entre ellos el JRS, crearon la Coalición Contra las Bombas de Racimo, y cambió sus actividades de advocacy para concentrarse en la prohibición de las municiones de racimo. Estas armas liberan cientos de submuniciones y saturan un área de la extensión de varios campos de fútbol. Igual que las minas antipersona, las municiones de racimo o bombas de fragmentación, a menudo no estallan al impactar lo que supone una amenaza fatal para cualquiera en el área. Muchas de las municiones de racimo, aparte, afectan áreas fuera del objetivo militar previsto.

En mayo de 2008, en Dublín, Irlanda, tras años de campaña, 107 países acordaron y adoptaron un tratado que prohíbe las bombas de racimo y ofrece asistencia a las comunidades afectadas. La Convención sobre la Munición de Racimo (CCM, por sus siglas en inglés) prohíbe todo uso, almacenamiento, producción y transferencia de munición de fragmentación. La Convención cuenta con artículos separados respecto a la ayuda a las víctimas, la limpieza de las áreas contaminadas y la destrucción de los stocks. El 1 de agosto de 2010 se convirtió en ley internacional.

Algunas razones para hacer campaña por la prohibición total de las minas antipersona y de la munición de racimo

Costes socioeconómicos

La presencia de estas armas supone una amenaza a los civiles desplazados que regresan a sus hogares, es un obstáculo para el desarrollo tras el conflicto, hace inaccesible el suelo agrícola y obliga a la gente a trabajar en áreas infestadas porque no tienen otro medio con el que ganarse la vida. También complica el suministro de ayuda y de otros servicios de socorro y amenaza, hiere y mata a los trabajadores humanitarios.

Los costes humanos

Las minas antipersona y las municiones de racimo siguen mutilando y matando a gente corriente cada día. Arrancan a sus víctimas piernas, pies, brazos y manos. Disparan metralla contra sus rostros y sus cuerpos. Matan. Además, el tratamiento médico para los supervivientes, cuando lo hay, es costoso, una carga para los ya sobrecargados sistemas de salud.

Los civiles se llevan la peor parte

La inmensa mayoría de las víctimas son civiles y no soldados. Y no sólo durante el conflicto, la mayoría de las víctimas ocurren ya en tiempo de paz.

Ley humanitaria

Bajo la ley humanitaria internacional, las partes en un conflicto armado están obligadas a proteger a los civiles. Las armas que no pueden discriminar entre objetivos civiles y militares o que causan un excesivo daño humanitario constituyen un grave motivo de preocupación, razón por la que se firmó un tratado prohibiendo las minas antipersona en 1997. Es importante que los países hagan lo mismo con las municiones de racimo.

Efectos a largo plazo

Una vez plantada o disparada, las minas o las municiones de racimo ahí se quedan a menos que alguien las quite. La única manera de impedir el daño a largo plazo es que todos dejen de utilizarlas y que dediquen recursos a limpiar las áreas contaminadas y ayuden a los supervivientes.

Los niños victimizados

Un niño herido por una mina o por una bomba de racimo puede llegar a necesitar meses de recuperación. Un niño en edad de crecimiento con una prótesis en la pierna tendrá que reajustarla cada año. Algunos ya no vuelven a la escuela tras el accidente. Muchos se enfrentan a la exclusión social. Como las víctimas adultas, se enfrentan a terribles problemas prácticos, económicos, sociales y psicológicos a lo largo de su proceso de rehabilitación y reintegración.

Protección de las fronteras: hay alternativas

Las minas son inefectivas en la protección de las regiones fronterizas, por ejemplo de grupos armados no estatales. Más que ofrecer protección, los campos minados aterrorizan y empobrecen a las comunidades que viven en el área. Entre las alternativas existentes está el uso de patrullas fronterizas tanto móviles como fijas, los equipos sensores de movimientos y las barreras.